El pasado jueves se conoció la sentencia de la la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre Kosovo, en la que declaró que:

«El derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia y, por tanto, la declaración del 17 de febrero de 2008 no viola el derecho internacional general».

Esta clarísima frase marca el tono de la larga resolución, aprobada por 10 votos frente a 4, y que afirma la legalidad de la independencia de este territorio, si bien recalca lo excepcional del caso kosovar. Aún así, las consecuencias de este dictamen para la política internaciona pueden ser importantes, porque si bien esta es una resolución judicial, es dificil imaginarse una declaración que pueda tener mayores consecuencias y repercusiones políticas que la dada a conocer por la CIJ.

Esto puede verse en todo lo que rodea a la posición de España respecto a la independencia de Kosovo. España es uno de los cinco países de la UE que no reconoce a Kosovo (junto a Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumania). Los motivos de esta posición, escribe Ramón Lobo en su blog se derivan de «anteponer sus miedos y tensiones territoriales históricas a la realidad singular de los Balcanes (crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio)». Ahora, dice Lobo:

La derrota de las tesis españolas (y serbias) contrarias a la independencia de Kosovo es completa. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se metió en un callejón político al comparar indirectamente el caso kosovar con Cataluña y el País Vasco. Primero fueron las elecciones en marzo de 2008 y el temor al PP, que le sirvieron de excusa para aplazar una decisión difícil; después, el enroque fue completo. España rechazó cualquier contacto y se negó a participar en foros internacionales con presencia kosovar. Ahora, el rechazo fundamentalista ha comenzado a suavizarse.

La respuesta al dictamen de la CIJ por parte de España demuestra que la mejor opción parece ser pasar página lo más rápida y discretamente posible – España ha dicho que respeta la declaración de la Corte y permanece a la espera de establecer una nueva dirección, al tiempo sin embargo, que se enfatiza que no se reconcerá la independencia kosovar y se deja claro que los casos de España y los Balcanes no son comparables (algo que, por otra parte, debiera ser evidente para (casi) todo el mundo).

Todo lo cual me lleva a preguntarme sobre si la resulción de la CIJ tendrá algún impacto sobre alguno de los conflicto políticos del continente africano. Si bien es sorprendente, como no se cansaba de repetir mi primer profesor de política africana, el escaso número de secesiones o intentos de secesión por parte de regiones africanas, dado lo artificial de las fronteras marcadas en la Conferencia de Berlín de 1884-85, éstos sin embargo no han sido inexistentes. Están por supuesto los trágicos casos de Katanga y Biafra en los 60, pero la declaración de la Organización de la Unión Africana de la permanencia de las fronteras ya marcadas, hizo que éstos casos fallaran. Así el único movimiento secesionista que ha tenido éxito ha sido Eritrea, que se independizó de Etiopía, tras una cruenta guerra, en 1993.
En la actualidad sin embargo, existen algunos conflictos que podrían generar la aparición de nuevos estados, así como zonas, donde quizás el dictamen de la CIJ se observe con atención. Texas in Africa, por ejemplo, escribe desde el Este de la RDC:

«La CIJ declara que Kosovo no violó el derecho internacional al declara la independencia, y que no existe ninguna ley que prohiba la declaración de independencia. Esta última parte puede que tenga algunas importantes consequencias por aquí…»

No muy lejos de la RDC – en la que, además, el movimiento secesionista katangueño parece que goza de una nueva vida – la resolución de la CIJ puede también verse con buenos ojos. Y es que el año que viene se celebrará el referendum por la independencia del Sur de Sudán, algo que parece inevitable pese a que Jartum no se muestre muy favorable a ello. El dictamen no puede sino verse como un argumento más a favor de la inevitable secesión del Sur, que cuenta recordemos, con un gran apoyo internacional (incluido los EEUU).
Claro que en todos estos casos – de Pristina a Juba – aunque el derecho tenga su peso, lo importante es la voluntad y los equilibrios políticos y no las sentencias judiciales. Y si no, que se lo pregunten precisamente al Presidente de Sudán Omar Al-Bashir, en busca y captura por la Corte Penal Internacional (CPI) y quien recientemente acaba de visitar Chad (país firmante del Estatuto de Roma) sin ser por ello detenido; y esperar lo contrario es no sólo irreal, sino contraproducente, argumenta Cameron Duodu. Y con respecto a la importancia de la legalidad de una declaración de independecia vs. su acceptación política, podemos fijarnos en el caso de Somalilandia, territorio que acaba de celebrar unas exitosas elecciones democráticas, sin que esto haya cambiado el hecho de que no un país oficialmente reconocido por ningún país.