Hoy me gustaría escribir sobre un tema, el cual por cierto estoy sorprendido de no haber tocado antes. Y es que en los cinco meses que llevo actualizando este blog de forma más o menos regular, no he dedicado ninguna entrada al tema de la inmigración en España. Algo que, por una parte me sorprende, ya que es sin duda uno de los temas que se asocian más de inmediato con África, y por otra parte vuelve a reafirmar la pluralidad y variedad de los temas relacionados con África y la política africana. Aunque la entrada de hoy trata sobre la inmigración, lo hace desde la perspectiva, cómo no, de la política y del estado. Existen no obstante numerosos artículos que reflexionan sobre la experiencia de los inmigrantes en nuestro país de manera más cercana e interesante de lo que yo podría hacerlo. (Por ejemplo, esta reciente «conversación» entre Lunatrix y Elia).
Todo esto viene a cuento de la noticia que leí el pasado sábado en El País, titulada «Madrid no acepta como menor a un inmigrante con pasaporte», y en la que se podía leer lo siguiente:
el menor «llegó en patera a Motril (el 8 de abril de 2009). En la localidad granadina pasa tres días en comisaría, aunque dice que es menor. Como no puede acreditarlo con documentos, se le practica una primera prueba ósea para determinar su edad. El resultado que arroja es que tendría unos 18 años, de modo que ingresa en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Motril. Después, se le desplaza a otro centro en Madrid, donde cumple los 40 días que podía estar internado sin que se le expulsara. Considerado mayor de edad, no hay posibilidad de tutela. El chaval decide entonces tramitar su pasaporte en la Embajada de Camerún en Madrid, que acredita en el documento público que nació el 5 de mayo de 1992 en Douala. O sea, que es menor.
Una trabajadora social llama a la policía de menores para que se haga cargo de él y queda en régimen de guarda en un centro de menores en Madrid. Es decir, desde octubre hasta hace dos días, la Comunidad le reconoció como menor. Sin embargo, ya instalado en el centro, se le indica que debe presentarse en una clínica privada, Abadal, para someterse a otra prueba ósea. Los rayos X dicen otra vez que la edad «probable o posible se sitúa en torno a los 18 años». Mientras, se le deriva a un hostal en el programa de guarda de la Comunidad. Allí le advierten de que, tras la prueba, puede perder sus derechos.
El festival del papeleo se acelera. El chaval regresa a su Embajada para que le emita un certificado de autenticidad del pasaporte. El 1 de febrero presenta el documento al IMMF para que lo tutele, y, dos días después, el Instituto le denuncia por presunta falsedad documental. El 4 de febrero el IMMF le comunica que está fuera del sistema de protección. Ayer por la mañana, el chaval y sus abogados se dirigen a un juzgado y por la vía civil impugnan la situación y luego, a la Fiscalía, que decide no tener en cuenta su documentación. Lo considera mayor de edad. Por la tarde, el fiscal de guardia traslada el expediente a Fiscalía de Protección».

El joven camerunés, ayer en la puerta de la Fiscalía de Menores de Madrid.- LUIS SEVILLANO (EL PAIS)
Una historia rocambolesca, y que en mi opinión ilustra perfectamente algunos de los prejuicios, actitudes y problemas subyacentes bajo el tema de la inmigración transcontinental hacia Europa, así como y el tema de las relaciones internacionales. Esto es como las desigualdades entre Europa y África (económicas, políticas, etc) se derivan de actitudes y mentalidades (cuasi)coloniales que se perpetúan a través de numerosísimas pequeñas decisiones y gestos (algo explorado por Foucault en todos sus escritos sobre el poder – y su relación con el conocimiento).
Porque este caso demuestra claramente como las autoridades españolas – o para ser exactos las de la Comunidad de Madrid (ya que cada comunidad parece tener un protocolo diferente) – consideran que una prueba médica – y por tanto «científica» – realizada además en España tiene una mayor validez que un pasaporte (y un certificado de autencidad del mismo) camerunés, es decir de un país – (inserte aquí sus prejuicios:
africano, subdesarrollado, corrupto, pobre, «república bananera», etc, etc,).
Por otra parte además, las pruebas óseas son un procedimiento que, primero, no tienen una precisión exacta; y segundo, son criticadas por su falta de intimidad y por muchos médicos y juristas, las equiparan a los tests de ADN, que sólo pueden ser ordenados por un juez. En países cómo «Francia sólo los padres o tutores de los menores pueden autorizar las pruebas» y en el Reino Unido «las pruebas genéticas a menores se recomiendan sólo como parte de un diagnóstico clínico». Con respecto a su precisión, las pruebas radiológicas no aportan «unos resultados absolutamente determinantes, (sino que) ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habrá que inclinarse por la más baja». O sea que el «en torno a los 18 años», dictaminado por la prueba puede extenderse haya el mes Mayo, cuando según su pasaporte, este menor cumple los 18 años.
Si sólo existiesen estas pruebas, puede entenderse que la Comunidad quisiera optar por deshacerse de sus responabilidades hacia este menor (por mucho que esta actitud sea deplorable). Pero lo revelador de este caso es que existe un pasaporte, expedido por un país soberano, y con un certificado de autenticidad. Es esto lo que revela, en mi opinión, la verdadera naturaleza de toda la polémica. Por que, ¿es imaginable una situación similar con un menor cuya nacionalidad fuese no camerunesa sino canadiense, estadounidense o noruega? ¿Es posible pensar que ante estas situaciones la Comunidad de Madrid preferiese guiarse por sus pruebas «científicas» y no por estos pasaportes?