Ya he escrito aquí sobre el secuestro del Alakrana, y sobre las reaciones que generó en la opinión pública española, los medios, y el gobierno. Pues bien, este mediodía me enterado del último capítulo de todo esto. Según la Cadena Ser, la ministra de Defensa, Carme Chacón ha destituido al oficial del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que «ordenó la redacción del informe confidencial que alertaba sobre los efectos perniciosos que podría tener la detención de los dos presuntos piratas». Según esta información, «el teniente coronel J.C.A, que ocupaba el cargo de jefe de área de África Subsahariana, dirigió al grupo de analistas encargado del seguimiento del secuestro del Alakrana» ha sido cesado por un «acontecimiento concreto ocurrido durante el secuestro del Alakrana». Además, la Cadena Ser informa de que este «cese se ha llevado con sumo sigilo y prueba de ello es que se ha tramitado en pleno periodo de vacaciones navideñas, y se ha materializado dos meses después de la liberación del Alakrana».

La verdad es que desconozco por completo cómo funcionan las cosas dentro del ministerio de Defensa o del Gobierno, e ignoro los motivos de este cese más allá de lo publicado en los medios. Sin embargo, de ser cierta la información, que sugiere que el oficial ha sido cesado por desaconsejar el arresto de los piratas Abdu Willy y Raageggesey Hassan Haji, se trataría de un grave error por parte del Gobierno. Y, lo que es peor, un error motivado puramente por preocupaciones políticas. Si España, flamante presidete de turno de la UE, quiere realmente mejorar su posición en el mundo, lo primero que hemos de hacer, es contar con los mejores expertos y la información más exacta.

Sólo si el ministerio de Defensa y el de Exteriores disponen de todos los informes necesarios y de la información más precisa, puede el gobierno tomar decisiones acertadas. Decisiones que, en última instancia, dependerán también de consideraciones políticas, como fue la decisión de arrestar a los piratas. Yo no discuto aquí esta decisión, pero esta fue una decisión en la que se conocían los riesgos y en la que, por el motivo que fuese, se consideraron menos importantes que llevar a los piratas ante la justicia. Pero no se debe alterar el orden de los factores; las consideraciones políticas deben limitarse a las decisiones del Gobierno, no al trabajo de los expertos. Hubiera sido peor si esta decisión – o cualquier otra en una situación similar – se hubiera tomado sin conocimiento de causa, sin conocer las posibles consecuencias. Y es precisamente esto lo que se conseguirá para futuras crisis si todos los expertos que redactan informes verídicos y acertados, son cesados de su posición tras el evento, por, en esencia, no preveer la decisión final del gobierno, y acomodar su opinión a estas consideraciones políticas.

El gobierno español no deja de repetir cuán importante es el continente africano en su política exterior, así como afirmar su deseo de jugar un papel más importante en las relaciones internacionales. Pues bien, si queremos que se nos tome en serio de verdad, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que somos profesionales. Y esto se hace cuidando a nuestros expertos y valorando la información que estos proporcionan. No juzgándolos por su acierto político. Si no, nos veremos limitados a redactar declaraciones bien sonantes, y planes cargados de buenas intenciones, pero alejados de la realidad diaria en los países del continente.