Un grave riesgo que se corre al escribir o estudiar algun país africano – o cualquier otro país a cuya cultura no conocemos – es el asumir que las personas a las que nos referimos son de alguna manera distintas a nosotros. De aquí es facil saltar a generalizaciones y juicios de valor basados en la identidad de estas personas y las características que presumimos les corresponde. Así, cuando se habla sobre los altos índices de corrupción existentes en numerosos países del continente, algunos autores – de corte «culturalista» – atribuyen esta situación a la manera en que funcionan las sociedades africanas.
Un claro ejemplo puede observarse en el muy popular libro de 1999 «Africa Works» (traducido al español como «África Camina» de Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz. Este libro pretende explicar el funcionamiento del estado y la economía en el África sub-Sahariana (tarea harto complicada, si no imposible), no como la gran catastrófe que a veces se pinta desde fuera, sino como un sistema que funciona y es dirigido por los líderes políticos del continente («la instrumentalización del desorden» es el nombre de su hipótesis). Mientras ésta puede ser un importante paso en normalizar el estudio del continente, su estudio no es sólo excesivamente generalizado, sino que su explicación de los procesos de corrupción y apropiación de bienes públicos parece apuntar que este tipo de actitud es tolerada – si no animada – por las propias sociedades africanas.
Ésta – huelga decirlo – es una explicación totalmente insatisfactoria que ignora primeramente la estructura y el bagaje histórico del estado africano, creado por los poderes coloniales como un instrumento represor y de extracción de riquezas (tanto en forma de capital, de recursos naturales o de trabajo). Ignora también la dimensión internacional de la corrupción, es decir cómo entender estos procesos partiendo desde la posición que ocupa el continente en la economía internacional. Hacer esto último nos descubre aspectos más interesantes – y mucho más válidos como explicación – de la situación del continente.
La dimensión internacional de numerosos procesos que tienen lugar en África nos demuestra por ejemplo el doble rasero empleado por los países europeos en su trato con sus equivalentes africanos. Por ejemplo, el régimen de Robert Mugabe ha sido vilificado en numerosos foros internacionales, como ejemplo del peor tipo de dictadura del continente. Se ha denunciado la expulsión de granjeros blancos de Zimbabue desde 2003, y la destrucción del sector agricultural del país que ha conducido a una terrible crisis económica. Como respuesta a estas decisiones – y en especial al fraude masivo cometido en las elecciones del pasado año – la Unión Europea, y EEUU han suspendido numerosos programas de cooperación además de congelar las cuentas bancarias de numerosos miembros del gobierno, a los que también se la ha prohibido viajar a países europeos. Mientras que todas estas acciones son medidas importantes, destinadas a mejorar la situación en Zimbabue, hay que apuntar que al mismo tiempo empresas europeas han continuado su relación con miembros del régimen muy cercanos a Mugabe. Así, el domingo día 26 el periódico británico Daily Telegraph denunciaba que la multinacional Nestlé ha continuado comprando hasta un millón de litros de leche al año a las cinco granjas expropiadas a distintos granjeros y que ahora se encuentran en manos de Grace Mugabe, esposa del presidente.

En este caso las acciones de Nestlé no son ilegales (aunque la empresa rapidamente ha anunciado el fin de estas compras), pero sí chocan frontalmente con la posición pública del gobierno suizo, que participa en alguna de las medidas adoptadas por la UE contra líderes de Zimbabue. Así son los negocios, así es el mercado, dirán algunos. No les falta razón, pero esto demuestra también, que no hay nada que haga a las empresas y gobiernos europeos más escrupulosas que los africanos a la hora de buscar negocios. Otra noticia reciente demuestra lo central que es el papel de estas empresas – a menudo desde una posición muy cercana a la de sus gobiernos – en numerosos casos de corrupción que afectan a África. Se reveló la semana pasada que la Serious Fraud Office (SFO – Oficina Anti-fraude Británica) va a investigar a la principal compañía de armamento del país BAE Systems por posible corrupción en distintos países, dos de ellos africanos – Suráfrica y Tanzania.

En 2001, el gobierno de Tanzania, decidió comprar a BAE un sistema de control de tráfico militar – pese a que el país no dispone de fuerza aérea y lo que necesitaba era un sistema de control de aviación civil – por un total de 28 millones de libras. Este proyecto ya había sido propuesto y rechazado por el gobierno británico 10 años atrás, pero esta vez, con claro apoyo del presidente Tony Blair, el trato salió adelante a pesar de que la tecnología ya estaba desfasada y el controlador era completamente inútil. Ahora la SFO ha revelado que BAE pagó 9 millones a la cuenta suiza de un intermediario tanzaniano como comisión que asegurara el contrato. En el caso de Suráfrica las cantidades son aún mayores ya que se refieren a comisiones de casi 100 millones de libras destinadas a asegurar que BAE recibiera parte de los contratos firmados en 1999 para renovar las fuerzas armadas surafricanas, y que representaban un total de $4.000 millones. Un escándalo que ha salpicado a diversos políticos surafricanos – entre ellos el anterior presidente, Thabo Mbeki, y el actual, Jacob Zuma – pero que hasta ahora no ha supuesto ningún problema para los políticos y empresarios europeos que instigaron la corrupción y son por tanto igual o más culpables.